Los jugadores del Llaneros de Villavicencio, de la segunda división del fútbol colombiano, presentaron la semana pasada su renuncia al club porque se les adeudaba dos meses de salario y aseguraron, además, que era una situación que ya se había presentado en ocasiones anteriores. Lo mismo ocurrió, según denunció el periodista Alejandro Pino, con las futbolistas del equipo femenino de Patriotas de Tunja. Esta no es una situación nueva y, sin embargo, las autoridades no están haciendo nada por darle solución a este problema.

En esa misma semana, la Asociación Colombiana de Futbolistas Profesionales (Acolfutpro) denunció que las jugadoras del Atlético Bucaramanga tuvieron que viajar por tierra a su partido contra el Unión Magdalena  al municipio de Carmen de Bolívar, a pesar de que la División Mayor del Fútbol Colombiano (Dimayor) hizo una alianza con la aerolínea Avianca para que todos los equipos viajen en avión a sus encuentros fuera de casa.

Las preguntas que caben hacerse aquí son: ¿cuáles fueron las sanciones de la Dimayor o del Ministerio de Trabajo a Llaneros por incumplir con los pagos de los futbolistas? ¿Por qué a los equipos sí se les exige para que cumplan con algunas cosas pero para otras no?

Es lamentable que esta situación, que se suma a otras como la falta de seguridad antes y después de algunos partidos o a que los clubes hagan lo que quieran sin importarles nada, como el Cúcuta Deportivo, no estén viendo soluciones prontas ni certeras por parte de la Dimayor, que a la larga es la que tiene toda la responsabilidad de realizar un torneo de fútbol serio que cumpla con la normativa legal de Colombia y con los estatutos internacionales, tanto de FIFA como de Conmebol.

¿Vamos a esperar hasta que otro equipo haga lo que hizo el Quindío en 2011, cuando llevó a Bogotá jugadores sub-20 porque llevaba tres meses sin pagarle a los profesionales? Ojalá no lleguemos a ese punto de nuevo. Nada justifica a los clubes para no cumplir con sus responsabilidades como empleadores.

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